Fotos Miguel Paquet (EFE)
África nos mira y nos contempla como la panacea para mejorar su calidad de vida, para huir de los muchos y más que justificados motivos donde la supervivencia hay que buscársela día a día.
Muchos, demasiados son los ciudadanos de este hermoso, querido, viejo, sediento, oprimido y hambriento continente que sueñan con vivir en Europa. Por ello no dudan poner en peligro sus vidas y entregar todos sus ahorros en favor de una plaza de una maltrecha barcaza saturada de pasajeros. Son hombres, mujeres y niños, seres humanos que lo intentan una y otra vez cruzar el Estrecho en patera.
Con suerte, muchos llegan vivos a las costas de Andalucía y saben que volverán a ser repatriados, pero probarán de nuevo hasta, arruinarse en la miseria, dejar sus vidas en el mar o llegar con suerte sin ser vistos a España.
Desde mayo pasado hasta la fecha el número de pateras supera con creces el centenar y los tres millares en inmigrantes.
Los que vienen del centro y sur de Africa lo hacen caminando desde sus países de origen hasta las costas de Marruecos con lo puesto. Después esperarán su oportunidad para comprar el billete de embarque que les facilita las mafias norteafricanas con cierta anuencia de las autoridades locales.
Los precios han ido en aumento con el transcurrir de los años, oscilando entre las 30.000 pesetas a los 3.000 euros o más de los últimos tiempos. Se puede conseguir más barato si conoces al “patero” o “tiburón” y la oferta, de un solo pago por dos posibilidades de paso, si en el primer viaje te detienen y se produce la repatriación.
A pesar de esa permisividad revestida de cinismo político marroquí, las pateras y cayucos han descendido a casi la mitad según datos de Interior atendiendo a la lucha establecida por nuestro Gobierno contra la inmigración ilegal y protagonizada por el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) y en colaboración con “Africa”.
La primera patera que arribó a la península data del 1 de noviembre de 1988 en la costa de Tarifa.
Ese día, el Campo de Gibraltar conocía por primera vez de la existencia del naufragio de una patera con jóvenes marroquíes a bordo. El resultado era de un joven muerto y 18 desaparecidos, los cadáveres de algunos de ellos fueron apareciendo durante varios días después. Los supervivientes contaron que buscaban trabajo en España..
La primera mujer que pasó en patera lo hizo en el año 1.992 y el primer menor llegado solo en el año 1.993, contaba con 16 años y su destino era Italia.
Los medios utilizados han sido de lo más variopinto, algunos incluso ingeniosos: barcas pequeñas hinchables, motos acuáticas, hidropedales, cámaras de rueda de camión, tablas de windsurfing… Y los más conocidos: pateras, barcos pesqueros y embarcaciones neumáticas. Hace años, los propios inmigrantes ya se referían a los barcos nodrizas que los dejaban en alta mar o, que arrastraban las embarcaciones pequeñas hasta cerca de la costa.
La valoración obtenida en las Jornadas que se vienen realizando en la UNED de Motril sobre Derechos Humanos e Inmigración tuvo como principal punto de referencia el fenómeno migratorio y sus consecuencias de muerte para algunos de los que lo intentan. En dos ocasiones han muerto personas en su deseo de acceder a la costa de Granada. No son accidentes fortuitos, sino que tienen unos responsables según los jornalistas reunidos en Motril.
1º. Quiénes se enriquecen con el tráfico ilegal de personas, en una y otra orilla.
2º. Pero eso lo pueden hacer porque hay quienes legislan y arbitran unas políticas que restringen cada vez más los cauces legales de la migración. “Las contrataciones en origen, el cierre a cal y canto del régimen general, sella a los marroquíes todo cauce legal para acceder a España y los condena a la terrible opción de la patera y la posible muerte” (RODRÍGUEZ CANDELA). Toda persona a la que se le niega el acceso es un candidato a la entrada ilegal.
Quiénes se benefician económicamente. Seguramente es la “economía sumergida” el verdadero “efecto llamada” de la inmigración clandestina. En el año 2000 se valoraba ya en torno al 22% del Producto Interior Bruto y ocupaba a un 21% de la población activa española. Su base es el trabajo clandestino, precario, caracterizado por la temporalidad y la indefensión del trabajador, la ausencia de garantías de los derechos laborales básicos. Ocupa a una buena parte de los inmigrantes, incluidos los llamados “irregulares”, en la construcción, en la agricultura. El servicio doméstico, el cuidado de ancianos, la prostitución son la principal oferta para las mujeres. Unos y otras constituyen la franja más visible, por identificable, de lo que se ha llamado el precariado, el proletariado del siglo XXI en términos de Rafael DÍAZ-SALAZAR. Pero no están solos. Se estima que los inmigrantes son cerca del 10% de la población activa; según la encuesta INE del 4º trimestre del 2003 los trabajadores precarios son el 30,6% del total, 46% si les sumamos los parados; es decir, más de 6 millones de personas. Así que, inmigrantes somos todos.
La tendencia a la precarización del mercado laboral no parece un fenómeno coyuntural, sino característico del ciclo económico que comenzó en los años 70 del siglo pasado. Lo mismo ocurre con la deslocalización de empresas, con segmentos de producción en diversos continentes, en busca del abaratamiento de los costes laborales y fiscales.
Las políticas de reforzamiento de fronteras que tratan de restringir los movimientos migratorios , en la medida que contribuyen a mantener las desigualdades salariales, reponden a la misma lógica.
La aplicación de la última reforma de la ley de Extranjería va a suponer nuevas agresiones a los derechos y libertades de los inmigrantes.
Entre otras cosas, permite a las Fuerzas de Seguridad del Estado acceder a los datos sobre ciudadanos extranjeros del Padrón Municipal, hasta la fecha confidenciales. Ello convierte al padrón en una herramienta de persecución policial, no ya de delitos, para lo que no hacía falta ninguna reforma legal, sino de la simple infracción administrativa que consiste en no haber obtenido permisos de residencia y trabajo.
Las consecuencias para los Ayuntamientos son también claras. Con la desaparición de los inmigrantes indocumentados de las listas del Padrón, perderán habitantes reconocidos y, por tanto, financiación. Contarán de esta manera con una población invisible a los ojos de la Administración Central, pero presente en cada municipio, cuyos servicios tendrán irremediablemente que cubrir con un menor presupuesto.
La violación del derecho a la intimidad de los ciudadanos extranjeros es sólo una de las que contiene la nueva Ley reformada y que nos afectan a todos como ciudadanos, pues a nuestro parecer, vulneran derechos constitucionales y fundamentales. Veamos algunas:
- La negación del derecho a ser oído y defendido en el proceso de repatriación de toda persona que pretenda entrar ilegalmente en nuestro país o tenga una orden de expulsión en cualquier país de la Unión Europea. Con ello se vulneran los artículos 24 (indefensión) y 105 (derecho de audiencia ) de la Constitución española.
- Los inmigrantes indocumentados no podrán presentar solicitudes administrativas, derecho constitucional reconocido a cualquier persona.
- Se obstaculiza aún más la reagrupación familiar, haciendo más difícil que los inmigrantes puedan vivir en familia, eliminando además la reagrupación “en cadena”.
- La reforma no se dirige a la mejora de las condiciones de vida de los inmigrantes que se encuentran en España, ni recoge aspectos relacionados con la sanidad, la educación o la vivienda –salvo para limitar derechos, como dijimos. Sólo se fundamenta en medidas policiales, lo que responde a una concepción negativa de la inmigración como un problema, un fenómeno peligroso, asociado al delito, que es preciso controlar, contener y reprimir.
- No se acometen modificaciones para garantizar el respeto de derechos fundamentales de los inmigrantes, incluidos los indocumentados, que en la actualidad se encuentran cercenados: reunión, asociación, sindicación, manifestación, huelga.
- Se mantiene cerrada cualquier vía para la documentación de miles de personas que se encuentran en España de manera irregular, sin poder trabajar legalmente; a los que se empuja a la condición de mano de obra de la economía sumergida y objeto de exclusión social.
La red euroafricana Migreurop con motivo de la Semana por los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante pregonaba que las personas que se encuentran internadas en los Centros de Internamiento para Extranjeros ,CIE, deberían estar en centros especiales sin carácter penitenciario y tener mejores condiciones que los presos, ya que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa como es no tener la documentación en regla. No obstante, aseguran, “la realidad es que estas personas están encerradas en verdaderas cárceles con condiciones muy inferiores a las que tienen en los centros penitenciarios y se encuentran privadas de derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a intérprete, a la integridad moral, a la confidencialidad, y en algunos casos, como en el del CIE de Algeciras, al derecho a la *dignidad *con la práctica del desnudo integral previo al ingreso en el centro”.
